Quién es Manuel Baldizón: blanqueador de capitales

El ex candidato presidencial se declaró culpable de corrupción y estuvo preso en Estados Unidos. De regreso a su país, pasó a la ofensiva contra el fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que lo tenía en la mira como pieza clave en el escándalo Odebrecht.

Manuel Baldizón era, en dos mil quince, un hombre popular en Guatemala. Para agosto de aquel año, este político conservador que había hecho su carrera en el nórdico departamento de Petén, se ponía de manera cómoda como preferido para las presidenciales que se harían en el mes de noviembre de ese año. Mas a Baldizón, al final, su pasado lo alcanzó.

Hoy, en dos mil veintitres, prácticamente una década después de su fallida carrera presidencial, este hombre está en el centro de un complicado rompecabezas político y judicial cuyo último episodio ha sido una crisis diplomática entre el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala y el de Gustavo Petro en Colombia. Esa crisis diplomática se comenzó a gestar mucho ya antes, de la mano de un proceso de toma de control político que mantiene a la justicia guatemalteca al servicio de una elite salpicada por múltiples señalamientos de corrupción, de la que Baldizón formó parte.

Tras perder, Baldizón volvió a sus negocios en Petén y se mantuvo activo en política por un tiempo. Agentes estadounidenses le habían comenzado a proseguir la pista motivados, en parte, por investigaciones de sus análogos guatemaltecos que ligaban al excandidato con operaciones de lavado. Baldizón mantuvo perfil bajo mientras adquiría propiedades e inmuebles en su país y en Miami y se movía entre Rep. Dominicana y la Florida.

Fue en el aeropuerto de la ciudad de Miami, en el mes de enero de dos mil dieciocho, que agentes federales detuvieron a Baldizón. Poco se supo del guatemalteco durante meses. Uno de sus abogados afirmó, de forma breve, que había pedido asilo. Pero en noviembre de ese año, el Departamento de Justicia, mediante una jefe fiscal en el distrito sur de la Florida, descubrió que Baldizón se había declarado culpable de lavado de dinero y que había recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas presidenciales en Guatemala.

El 10 de abril de 2018, los fiscales de Florida introdujeron al expediente criminal dieciocho-CR-veinte setecientos cincuenta y ocho un documento con los términos del acuerdo que habían alcanzado con Manuel Baldizón a cambio de la declaración de culpabilidad del guatemalteco en el caso por lavado de dinero. Lo que Baldizón confesó a las autoridades estadounidenses está resumido en ese documento: “El acusado admitió haber recibido dinero procedente del narcotráfico; involucrarse en transacciones financieras con dinero procedente del narcotráfico; y haber prometido y proveído algunos beneficios a cambio de dinero en efectivo y otras compensaciones”, dice el acuerdo de culpabilidad.

Manuel Baldizón fue condenado a 50 meses de prisión en noviembre de dos mil diecinueve por lavado de dinero. En octubre de dos mil veintidos, 14 meses antes de cumplir su condena, el político fue deportado a Guatemala, donde se entregó a las autoridades locales, que lo procuraban por su participación en la red de corrupción montada por el gigante brasileiro de la construcción Odebrecht en el país centroamericano.

En Guatemala, Baldizón comenzaría a percibir buenas noticias de un sistema judicial que llevaba ya meses favoreciendo a quienes, como , habían estado implicados en crímenes de cuello blanco y persiguiendo a los fiscales, jueces, policías e estudiosos que habían preparado los casos para desbaratar redes como la de Odebrecht.

Para el once de enero de 2023, Baldizón ya estaba libre. El Ministerio Público de Guatemala (MP) dejó sin apelar la resolución de un juez que dio arresto domiciliar a Baldizón. El MP, además, admitió al ex presidenciable como una parte de una querella contra ex fiscales que lo habían investigado por su implicación con Odebrecht. Y, mientras hacían eso, los fiscales, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, armaban casos para perseguir a los ex estudiosos.

Fue así que, el 16 de enero, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Singular Contra la Impunidad (FECI), anunció que un juez había autorizado órdenes de atrapa contra la exfiscal general Thelma Aldana y contra el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, actual ministro de defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y entre 2012 y 2018 jefe máximo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por Naciones Unidas e instalada en el país centroamericano en dos mil siete para respaldar al MP en investigaciones complejas de crimen organizado. Aldana y Velásquez fueron los rostros más visibles de una cruzada anticorrupción que desbarató redes poderosas pobladas por políticos como Baldizón.