El ex aspirante presidencial se declaró culpable de corrupción y estuvo preso en U.S.A.. De regreso a su país, pasó a la ofensiva contra el fiscal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad que lo tenía en la mira como pieza clave en el escándalo Odebrecht
Manuel Baldizón era, en 2015, un hombre popular en Guatemala. Para agosto de aquel año, este político conservador que había hecho su carrera en el nórdico departamento de Petén, se colocaba de forma cómoda como favorito para las presidenciales que se llevarían a cabo en noviembre de ese año. Mas a Baldizón, al final, su pasado lo alcanzó.
Hoy, en 2023, casi una década después de su fallida carrera presidencial, este hombre está en el centro de un difícil rompecabezas político y judicial cuyo último episodio ha sido una crisis diplomática entre el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala y el de Gustavo Petro en Colombia. Esa crisis diplomática se empezó a gestar mucho antes, de la mano de un proceso de toma de control político que sostiene a la justicia guatemalteca al servicio de una élite salpicada por múltiples señalamientos de corrupción, de la que Baldizón formó parte.
Tras perder, Baldizón volvió a sus negocios en Petén y se mantuvo activo en política por un tiempo. Agentes estadounidenses le habían empezado a proseguir la pista motivados, en parte, por investigaciones de sus análogos guatemaltecos que ligaban al excandidato con operaciones de lavado. Baldizón mantuvo perfil bajo mientras que compraba propiedades e inmuebles en su país y en Miami y se movía entre Rep. Dominicana y la Florida.
Fue en el aeropuerto de la ciudad de Miami, en enero de 2018, que agentes federales detuvieron a Baldizón. Poco se supo del guatemalteco durante meses. Uno de sus abogados dijo, de forma breve, que había pedido asilo. Mas en noviembre de ese año, el Departamento de Justicia, por medio de una jefa fiscal en el distrito sur de la Florida, descubrió que Baldizón se había declarado culpable de lavado de dinero y que había recibido dinero del narcotráfico para financiar sus campañas presidenciales en Guatemala.
El diez de abril de dos mil dieciocho, los fiscales de Florida introdujeron al expediente criminal 18-CR-20758 un documento con los términos del pacto que habían alcanzado con Manuel Baldizón a cambio de la declaración de culpabilidad del guatemalteco en el caso por lavado de dinero. Lo que Baldizón confesó a las autoridades estadounidenses está resumido en ese documento: “El acusado aceptó haber recibido dinero procedente del narcotráfico; involucrarse en transacciones financieras con dinero procedente del narcotráfico; y haber prometido y provisto algunos beneficios a cambio de dinero en efectivo y otras compensaciones”, afirma el acuerdo de culpabilidad.
Manuel Baldizón fue condenado a cincuenta meses de cárcel en el mes de noviembre de dos mil diecinueve por lavado de dinero. En octubre de 2022, 14 meses ya antes de cumplir su condena, el político fue deportado a Guatemala, donde se entregó a las autoridades locales, que lo procuraban por su participación en la red de corrupción montada por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht en el país centroamericano.
En Guatemala, Baldizón comenzaría a percibir buenas noticias de un sistema judicial que llevaba ya meses favoreciendo a quienes, como , habían estado implicados en crímenes de cuello blanco y persiguiendo a los fiscales, jueces, policías e investigadores que habían preparado los casos para desbaratar redes como la de Odebrecht.
Para el once de enero de dos mil veintitres, Baldizón ya estaba libre. El Ministerio Público de Guatemala (MP) dejó sin apelar la resolución de un juez que otorgó arresto domiciliar a Baldizón. El MP, además, admitió al ex presidenciable como una parte de una querella contra ex fiscales que lo habían investigado por su implicación con Odebrecht. Y, mientras que hacían eso, los fiscales, bajo las órdenes de la fiscal general Consuelo Porras, armaban casos para perseguir a los ex investigadores.
Fue así que, el 16 de enero, el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Singular Contra la Impunidad (FECI), anunció que un juez había autorizado órdenes de atrapa contra la exfiscal general Thelma Aldana y contra el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, actual ministro de defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y entre dos mil doce y dos mil dieciocho jefe máximo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una especie de fiscalía supranacional auspiciada por Naciones Unidas e instalada en el país centroamericano en 2007 para respaldar al MP en investigaciones complejas de crimen organizado. Aldana y Velásquez fueron los rostros más perceptibles de una cruzada anticorrupción que desbarató redes poderosas pobladas por políticos como Baldizón.
Extracto del pacto entre Baldizón y el Departamento de Justicia de U.S.A. en el que se muestra que el guatemalteco confesó haber lavado dinero del narco.
¿Qué cambió en la justicia guatemalteca a fin de que un lavador de dinero confesó recobrara la libertad y va a pasar a ser querellante de sus investigadores? Paso que los fiscales guatemaltecos se cambiaron de bando. Un portavoz del secretario general de la ONU lo explicó así al conocer la pretensión guatemalteca de perseguir a Iván Velásquez: La segregaría general “expresa su preocupación ante numerosos reportes que sugieren que la persecución criminal se ejercita contra aquellos que buscan llevar luz en casos de corrupción y que trabajan por robustecer el sistema de justicia en Guatemala”, conforme afirmó un portavoz de la ONU.
Asimismo el Departamento de Estado de E.U. lo había explicado ya antes, cuando incluyó a la fiscal general Porras y a su subalterno Rafael Curruchiche, gestores de la liberación de Baldizón, en una lista de funcionarios centroamericanos corruptos y antidemocráticos. Al describir a Porras, la diplomacia estadounidense afirmó esto: “Repetidamente ha obstruido y malogrado investigaciones de corrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos… El patrón de obstrucción de justicia de Porras incluye ordenar a sus subordinados en el MP ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan actos de corrupción”.
Justo eso pasó en el caso de Manuel Baldizón y el escándalo Odebrecht.
Una investigación fallecida y la metamorfosis de la justicia
A Baldizón la CICIG lo ubicó en un informe de investigación de 2017 como un personaje central en lo que en Guatemala se conoce como el “pacto de corruptos”, una red de políticos y empresarios salpicados por escándalos de corrupción y narcotráfico. La CICIG y el MP de Guatemala estudiaban a Baldizón, entre otras muchas cosas, por recibir sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht entre dos mil doce y 2015.
Uno de los que involucró a Baldizón en esos sobornos fue Alejandro Sinibaldi, el exministro de infraestructuras a lo largo del gobierno del presidente Otto Pérez Molina (2012-dos mil quince) que confesó a las autoridades guatemaltecas su participación en el entramado Odebrecht.
Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala en el mes de agosto de dos mil veinte y unos meses después dio una declaración en la que implicó a decenas y decenas de políticos y empresarios en un esquema de corrupción que mismo describió como una “compra” del Estado.
“Dentro de los varios acontecimientos que fueron adjudicados a lo largo de mi gestión como ministro… hubo ciertos que tuvieron una mayor trascendencia por la logística que implicaron y el nivel de coordinación que debimos tener con las diferentes instituciones del Estado, y con los cuales se puede patentizar más meridianamente cómo se pueden adquirir las voluntades de básicamente un gobierno. Uno de los casos más relevantes fue el ahora conocido como caso Odebrecht”, afirmó Sinibaldi en su declaración, de la que Infobae tiene copia.
Sinibaldi confesó que él había recibido sobornos de los brasileiros para asegurar un contrato por unos USD 380 millones para reparar una carretera en el occidente del país. CICIG y el MP habían determinado, además, que Sinibaldi era líder de un grupo de funcionarios que cobraba entre 5 por ciento y diez por cien a empresas que conseguían contratos públicos.
En su confesión, Sinibaldi aseguró que asimismo Manuel Baldizón recibió sobornos de Odebrecht en dos mil catorce, algo con lo que él no estuvo conforme. “No puedo negar que tenía buena relación con Baldizón… pero nunca hubiese estado conforme con regalarle USD 3.5 millones… debe haber sido para un apoyo que Odebrecht le dio a Baldizón como financiamiento electoral…” Para entonces, Baldizón se perfilaba ya como el próximo presidente de Guatemala.
Como una parte de la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, el MP entrevistó a los brasileiros Marcos Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, vinculados a Odebrecht. A los dos la justicia guatemalteca ofreció pactos de cooperación eficaz, una figura jurídica contemplada en la Ley Singular contra la Delincuencia Organizada que consiste en ofrecer beneficios procesales a miembros de una organización delincuente que brinden información sobre los líderes del grupo que deje detener las operaciones delictivas. Es algo contemplado en las leyes penales de múltiples países en el mundo.
Extracto de un informe de investigación de CICIG que muestra testimonio que implican a Baldizón en sobornos de Odebrecht.
Fiscales guatemaltecos, avalados por la Corte Suprema de Justicia, viajaron a Brasil a tomar declaración a Lima Machado y Mameri en 2017. Los brasileños afirmaron lo mismo que Sinibaldi declararia después, que Manuel Baldizón era uno de los que había recibido sobornos de la constructora Odebrecht.
Lima Machado incluso describió una reunión realizada en 2013 en una casa de Sinibaldi en las afueras de Ciudad de Guatemala. “Están el ministro Sinibaldi y está asimismo el señor Manuel Baldizón y de allá Alejandro me dice que había arreglado con Baldizón de pagarle tres millones de dólares desde el momento en que arrancara el proyecto hasta las elecciones de 2015 y me pedía que confirmara a Manuel Baldizón (con) quien Alejandro tenía la potestad de hacer ese género de arreglo, ya que todo pasaría por él, le dije que sí”, afirmó el brasileiro en su declaración, de la que Infobae tiene copia.
CICIG y el MP determinaron que Sinibaldi había recibido, por medio de testaferros en una cuenta abierta en Vieja, cuando menos USD 4.9 millones. En conjunto, la investigación guatemalteca determinó que Odebrecht pagó sobornos por USD17.8 millones a la red de Sinibaldi y Baldizón.
La investigación parecía sólida e incluso arrojaba rastros contra múltiples diputados del oficialismo señalados también de percibir limosnas para asegurar que dos préstamos internacionales, uno del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro del Banco de Desarrollo Social de Brasil, estuviesen condicionados, por decreto, a que fuese Odebrecht la escogida para el proyecto millonario de reparación de la carretera guatemalteca CA2. Mas algo se torció en la justicia guatemalteca.
En dos mil dieciocho, el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales declaró non grato al colombiano Iván Velásquez y un año después expulsó a la CICIG del país. Morales, a quien la comisión y el MP investigaron por financiamiento electoral ilegal, nombró a Consuelo Porras como fiscal general. En noviembre de 2019 Alejandro Giammattei, un médico que había estado preso en 2010 por permitir ejecuciones extrajudiciales cuando fue jefe del sistema penitenciario del país, ganó las elecciones presidenciales.
Giammattei ratificó a Porras al frente del MP. En julio de dos mil veintiuno, Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, hasta entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que había llevado la investigación de Odebrecht entre dos mil diecisiete y 2020 y quien, en dos mil veintiuno, abrió una investigación al nuevo presidente por un supuesto soborno millonario entregado por mineros rusos para conseguir licencias en el nordeste del país.
En lugar de Sandoval, Porras nombró a Rafael Curruchiche, el fiscal que anunció acciones penales contra el colombiano Velásquez y que provocó, con ello, una crisis entre Bogotá y Guatemala que amenaza con acabar las relaciones diplomáticas entre los dos países.
Ya antes, el sistema político encabezado por Giammattei había maniobrado para eliminar del puesto y expedir al exilio a la juez Erika Aifán, quien había acompañado la investigación de Odebrecht. En su sitio, el órgano judicial guatemalteco nombró a Luis Fernando Archila Lima, un juez que había estado preso en 2008 por posesión de droga cuando era funcionario de aeronáutica civil en Puerto Distritos, uno de los entornos del narcotráfico en el Caribe guatemalteco. Archila Lima, a solicitud del MP de Porras y Curruchiche, anuló los testimonios de los brasileños Mameri y Lima Machado, y con ello abrió la puerta para la liberación de Baldizón y Sinibaldi.
El empresario guatemalteco y exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
El 11 de enero, Manuel Baldizón salió de la cárcel de seguridad máxima de Guatemala favorecido con arresto domiciliar. Con una sonrisa, exultante, el ex aspirante presidencial agradeció a Dios, dijo que era inocente de todo y anunció represalias contra los fiscales que lo habían perseguido. No había pasado ni una semana cuando el fiscal Curruchiche anunció eso exactamente, que el MP perseguirá a la ex fiscal general Aldana y al ex comisionado Iván Velásquez por autorizar los convenios que permitieron a los brasileños de Odebrecht contar lo que el exministro Sinibaldi describió como “la compra” del gobierno de Guatemala.
David Gaitán, un ex estudioso de CICIG al cargo de todo el expediente Odebrecht y contra quién asimismo hay orden de atrapa, publicó un comunicado tras los anuncios de prosecución que hizo Curruchiche. Ahí explica con bastante claridad lo que ocurre en Guatemala. “Es evidente que lo que pretende el Ministerio Público es privilegiar a actores que recibieron unos 20 millones de dólares estadounidenses en sobornos y detener las investigaciones ya adelantadas en contra de otros responsables”.
Alejandro Sinibaldi en el Caso Odebrecht
