Redacción Regional asimismo contrastó el testimonio del exfuncionario con declaraciones frente a la fiscalía de otros dos colaboradores del exministro y con diez actuales diputados al Congreso de la República que votaron propiciamente por el contrato asignado a Odebrecht, fuentes políticas que participaron en el proceso de aprobación de la obra y registros documentales, como el expediente completo de la iniciativa de ley enviado desde el despacho de Pérez Molina al Congreso, y registros de la administración de los préstamos por US$ 399.4 millones hasta su ejecución en Guatemala.
La presente administración de la FECI reconoce que esta declaración es prueba en la investigación del caso Odebrecht. Con este testimonio, el Ministerio Público no descarta atribuir a excongresistas, actuales diputados, como a Pérez Molina y Baldetti (hoy en día en proceso por varios casos de corrupción). No obstante, la Fiscalía aún no ha comenzado ninguna nueva acusación al respecto por el hecho de que prosiguen ‘verificando’ la información brindada por el exministro. César Calderon, letrado defensor de los exmandatarios, aseguró que desconocen cualquier investigación en su contra por este caso.
El acuerdo de sobornos que relata Sinibaldi fue impulsado desde los despachos de la compañía en Brasil, y habría sido ratificado en sus oficinas personales, así como en el propio Palacio Nacional. A modo de preámbulo, conforme el exministro, la constructora financió con dólares americanos 1.5 millones al Partido Patriota (PP) de Pérez Molina y Baldetti en la recta final de la campaña electoral de 2011. El financiamiento de campañas electorales de futuros clientes es una práctica señalada con anterioridad en otros países en la trama de Odebrecht, la mayor red de corrupción de la historia reciente de América Latina.
Sinibaldi tiene investigaciones abiertas en los casos Cooptación del Estado, Construcción y corrupción (Fase I y II), Odebrecht y Transurbano. Cuando el exministro rindió su testimonio, buscaba un beneficio penal a cambio. En sus palabras, el de Odebrecht es un caso con el que “se puede evidenciar más claramente de qué forma se pueden comprar las voluntades de esencialmente un gobierno”.
La Fiscalía Especial Anticorrupción obtuvo el testimonio de uno de los hombres fuertes de la administración de Pérez Molina después de que este se entregara el veinticinco de agosto de dos mil veinte. Al momento de presentarse a los tribunales afirmó que su intención siempre fue regresar a Guatemala “y poder aclarar los fallos que haya cometido. Y poder apuntar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado”.
La cooperación de Sinibaldi estremeció a la elite política y económica coludida, en instantes en que estaba en disputa la justicia del país tras el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Proveniente de las élites investigadas por la CICIG y la FECI, Sinibaldi siempre y en toda circunstancia fue considerado como uno de los líderes de la maquinaria de cooptación del Estado que fue el PP de Pérez Molina. El exministro fue incluido en 2021 en la lista Engel, la nómina elaborada por el gobierno estadounidense sobre figuras, que según su criterio, socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte de Centroamérica.
En su declaración, revelada hasta ahora, Sinibaldi prácticamente recensión que el gobierno de Pérez Molina trabajó desde el día uno para consumar un proyecto, con soborno incluido, con Odebrecht. Al décimo mes de la gestión, el once de octubre de 2012, 108 miembros del Congreso de los Diputados votaron a favor solo treinta y ocho minutos después de que este fuera presentado al Congreso.
Sinibaldi, confiesa, tejió varios de los hilos para esa votación merced a que conocía de qué forma funcionaba el Congreso: fue miembro del Congreso de los Diputados del partido entre 2008 y 2012, lo que garantizaba importantes coaliciones con una buena parte de los miembros del Congreso reelectos. El político también aportaba al partido nudos sólidos con el empresariado guatemalteco. Sinibaldi es familiar del 4 veces presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Ricardo Castillo Sinibaldi, candidato a la vicepresidencia junto a Otto Pérez Molina en las elecciones generales de 2007. A la llegada del PP al poder, recaló como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Residencia luego de haber intentado, sin éxito, ganar la alcaldía capitalina en los comicios generales de 2011.
Tras su entrega, Sinibaldi aseguró que contaría “las verdades” sobre la adjudicación de obras públicas en Guatemala. “Los constructores que me llamaron extorsionista”, afirmó entonces Sinibaldi, son “los autores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.
El testimonio que se examina en este documental fue recogido a lo largo de la administración de Juan Francisco Sandoval en la FECI. El exfuncionario asegura que la indagación estaba por lograr a actuales miembros del Congreso de los Diputados y excongresistas cuando fue removido del cargo por la actual fiscal general, Consuelo Porras. Sandoval ahora está asilado en E.U. mientras que en Guatemala se le persigue por supuestas irregularidades en las investigaciones a su cargo.
La mayoría de las denuncias en contra suya provienen de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) encabezada por Ricardo Méndez Ruiz, designado en el mes de julio de 2021 en la Lista Engel por el gobierno de Estados Unidos como un actor que obstruye investigaciones contra la corrupción. La FCT es una organización que de forma constante atacó el trabajo de la FECI y de la CICIG, y festejó el desmantelamiento de la comisión en 2019, un año antes de la entrega de Sinibaldi.
Redacción Regional asimismo contrastó la declaración de Sinibaldi con el testimonio del directivo de Odebrecht Marcos de Cerqueira Lima Machado, logrado por un acuerdo de colaboración eficaz en el año dos mil dieciocho. Hace 3 semanas, la defensa de Sinibaldi logró cancelar dicho pacto por medio de una apelación que fue apoyada por el Ministerio Público dirigido por Porras.
En ese otro testimonio, el relato de Lima Machado confirma, complementa e inclusive suma detalles a la declaración de Sinibaldi sobre la cooperación al más alto nivel entre Odebrecht y el Gobierno de Guatemala. Por servirnos de un ejemplo, el directivo cuenta que el 10 de mayo de 2012 coordinó junto a Sinibaldi una reunión entre Luis Mameri, vicepresidente de la constructora brasileña para Latinoamérica, y Otto Pérez Molina en la capital guatemalteca. “Al día después de la cena en mi casa fue la asamblea en el Palacio Nacional con el Presidente de la República. En la asamblea en el Palacio Nacional estuvo presente Alejandro Sinibaldi, mi jefe, Otto Pérez y yo”, afirmó el directivo brasileiro.
El testimonio de Sinibaldi también coincide con la confesión de Juan Arturo Jegerlehner, el abogado del que se apoyó para desplazar los fondos entregados por Odebrecht cara cuentas abiertas por sociedades de cartón. Jegerlehner ya fue condenado por lavado de dinero por este caso.
Alejandro Sinibaldi y Odebrecht
El primer contacto entre Alejandro Sinibaldi y representantes de la compañía Odebrecht, según la declaración del exministro, se generó en México, en el mes de agosto de 2011, un mes antes de la primera vuelta en las elecciones generales de Guatemala. Ese año, el Partido Patriota (PP) postulaba a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como sus candidatos. Este binomio era el preferido en las encuestas.
“El objetivo de esa vira en México era esencialmente el tema de financiamiento de campaña con empresarios, miembros del gobierno mexicano y otros actores políticos”, refiere el exministro. Junto a Sinibaldi viajó además la fórmula presidencial. Tocaron puertas a las compañías “Odebrecht, Conjunto Tomza y el Grupo mexicano Mharnos que está al cargo del peaje de Palín, Escuintla”.
Según el testimonio, estas reuniones incluyeron al entonces secretario de Gobernación, Genaro García Luna (hoy día detenido en U.S.A. por narcotráfico).
A lo largo de la primera vuelta de las elecciones generales de 2011, Odebrecht realizó un aporte de US$ 500 mil no registrado a las autoridades guatemaltecas, aseguró Sinibaldi, el que se canalizó a través de la filial de la empresa en Panamá. Mas el exministro declaró que el apoyo fue aún mayor: la bóveda del PP pidió en esas mismas asambleas de agosto patrocinio para una ocasional segunda vuelta a cambio de su respaldo para la adjudicación del contrato CA2-Occidente. Las encuestas apuntaban a una segunda vuelta electoral. La no inscripción de la aspirante oficialista, Sandra Torres, esposa del entonces presidente Álvaro Colom y candidata por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dejaba la batalla entre dos figuras: Pérez Molina y Manuel Baldizón, del partido Líder.
Alejandro Sinibaldi y los sobornos
El proyecto de ampliación de la carretera CA2-Occidente prometía transformar esta ruta en una autopista de cuatro carriles que mejoraría la comunicación entre los departamentos del oeste de Guatemala: Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos a lo largo de una extensión de 140 kilómetros, llegando a apenas dos quilómetros de la frontera con México. Una senda que estaba contemplada en el Plan Mesoamericano de Carreteras que busca integrar el sur de México, América Central y Panamá para favorecer el comercio en la región.
Para financiar esta obra se requería de la aprobación de dos préstamos, los cuales comenzaron a ser gestionados a lo largo del gobierno de Álvaro Colom (dos mil ocho-dos mil doce). Mas en la recta final de esa gestión el Ejecutivo ya no contaba con el apoyo del Congreso para aprobar los créditos por US dólares americanos 399.4 millones con el Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social de Brasil (BNDES) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
A nivel legislativo, la constructora dependía del apoyo del partido que se atisbaba como el ganador de la batalla electoral. Así lo define Sinibaldi: “(…) pedían el apoyo de la bancada del Partido Patriota para tener los votos necesarios para aprobar el contrato del préstamo, pues comprendían que quedaba muy poco tiempo de Gobierno (de la UNE) y que estábamos cerca de una primera vuelta electoral”.
En efecto, los resultados de la primera ronda de los comicios, que incluía la elección de todas y cada una de las curules del Congreso, arrojó una mayoría para el PP, pero aún se hallaban lejos de poder aprobar un proyecto como el de Odebrecht sin el apoyo de otras bancadas.
Para la segunda vuelta, según el testimonio, Odebrecht apostó por el favorito y efectuó un aporte adicional de US dólares americanos 1 millón a través de cuentas manejadas por Carlos Batres, operador de la candidata a la vicepresidencia, Roxana Baldetti. El Tribunal Supremo Electoral, el ente rector de las contribuciones a las campañas, no registra estos supuestos aportes al Partido Patriota. Para entonces, la recepción de fondos sin registro contable para fines de proselitismo ya era constitutiva de delito, según la legislación guatemalteca.
Carlos Batres se entregó en el mes de abril de 2021 y es procesado en el caso Odebrecht, pero según el Registro de Detenidos del Organismo Judicial él no se encuentra recluido en el sistema penitenciario. Redacción Regional procuró obtener una reacción de Batres, pero al cierre de esta investigación fue imposible conseguir un link con él o sus abogados.
Odebrecht requería para evitar cualquier cuestionamiento a este contrato que los préstamos fuesen aprobados sin discusión. Para esto precisaban el apoyo del Gobierno y los votos favorables de dos terceras unas partes de los diputados, lo que en esas datas significaba lograr ciento cinco votos para su aprobación directa.
Tras los comicios del 2011, el PP de Otto Pérez Molina consiguió 56 diputados; la segunda fuerza, la UNE, en coalición con el partido Gana sumaba cuarenta y ocho. Los próximos bloques en tamaño eran la Unidad del Cambio Nacional (UCN, cuyo líder Mario Estrada fue detenido por narcotráfico en E.U. en 2019) con 14 diputados; Libertad Democrática Renovada (Lider) con 14 congresistas y Compromiso Renovación y Orden (CREO) con doce.
A lo largo de casi todo dos mil doce, la compañía así como Sinibaldi y su equipo prepararon una estrategia para adquirir el voto de la mayoría de los congresistas. La aprobación de los préstamos incluía además de esto la adjudicación directa de la obra a la constructora brasileira, sin ningún tipo de licitación. Una potestad que solo tiene el Congreso de la República. Odebrecht jugaba sobre seguro con los votos de los diputados para evitar cualquier competencia.
Pérez Molina, Baldetti y Sinibaldi
El triunvirato al frente del gobierno formado por Pérez Molina, Baldetti y Sinibaldi se llevaba prácticamente la mitad del soborno, conforme confesó Sinibaldi a la FECI. El compromiso con la compañía era cobrar un 8 por ciento del total del contrato a cambio de su aprobación. Como arquitecto técnico tras las trasferencias, a Sinibaldi le correspondía el quince por ciento del costo total de la obra, al tiempo que a Pérez Molina y Baldetti les tocaba 1 por ciento para cada uno de ellos.
Este compromiso para cobrar sobornos por un 8 por ciento del costo del proyecto representaba US dólares americanos treinta y uno y noventa y cinco millones, cerca de Q242.83 millones. De este monto, conforme la acusación de la Fiscalía, Sinibaldi habría recibido US dólares americanos 19.7 millones (cerca de Q146 millones) para repartirlos entre la estructura delincuente.
El testimonio judicializado del directivo de Odebrecht, Lima Machado, confirma este pacto con el entonces ministro de Comunicaciones. “(…) tuve en torno a 4 asambleas en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Residencia (CIV) y después nos reuníamos en la que conocíamos como la ‘Casa Verde’ señalando que iba a trabajar para el proyecto”. En estas asambleas además de esto participaban los exviceministros del CIV Rubén Mejía y Guillermo Insípida, narra el empresario.
Este testimonio del directivo fue conseguido merced a un pacto firmado por la fiscalía guatemalteca en Brasil. El directivo empezó a trabajar en Odebrecht en ciento noventa y siete después de graduarse como ingeniero civil. Entre dos mil cuatro y dos mil once fue directivo de contratos de la compañía en Rep. Dominicana, mas desde dos mil diez empezó a viajar a Guatemala en pos de nuevas obras. Lima Machado y otros directivos además de esto proveyeron información reportaje como registros de las trasferencias bancarias de cuentas creadas por la estructura de Sinibaldi para percibir los sobornos.
Ya antes de la aprobación de los préstamos y la adjudicación de la obra, en el mes de octubre de dos mil doce, Lima Machado refiere que Sinibaldi le solicitó un adelanto de los sobornos.
“Entre agosto y septiembre de dos mil doce Alejandro Sinibaldi me afirmó que le diese algo, a fin de que el Congreso aprobase, le afirmé que ni llevaría esta petición a la compañía pues no teníamos operación en el país y estábamos lejísimos del contrato”, refiere el directivo.
Luis Mameri accedería a un pago de comisiones del setenta y cinco por ciento pedido por Sinibaldi hasta enero de dos mil doce, en una nueva asamblea conjunta. El entonces ministro dio un ultimátum: “eso no va, si no me da mi parte, no va a pasear los trámites que faltan para arrancar el proyecto”, aseguró Machado.
El propio Sinibaldi confirmó en su testimonio este regateo por el cobro de sobornos e señaló que Lima Machado le aseguró “que no podían dar más por política de la compañía, ya que exactamente la misma impedía abonar más de un ocho por ciento , monto que debía incluir lo acordado para nosotros, aparte del costo de la aprobación por el Congreso de la República y gastos adicionales”.
Las condiciones de Odebrecht para dar los recursos incluían que el pago de los sobornos se realizase en el extranjero y que no fuese en efectivo.
Conforme Sinibaldi, la compañía ya había pagado un 1 por ciento del contrato a funcionarios del gobierno saliente de la UNE, para agilizar el trámite de la administración de los préstamos. El jefe de bloque del partido en dos mil doce, el miembro del Congreso de los Diputados Mario Taracena, niega cualquier recepción de fondos por la parte de los miembros del Congreso o el partido. Aseguró que los votos comprometidos para la aprobación del contrato eran en seguimiento a una política del gobierno de Álvaro Colom que había empezado la negociación por los préstamos.
Los registros de la iniciativa de ley con la que se contrajeron los préstamos y adjudicó la obra a Odebrecht, más el testimonio del directivo Lima Machado muestran que los primeros contactos formales entre el gobierno de Guatemala y la compañía se dieron en dos mil diez. Las gestiones siguieron en dos mil once, mas al acercarse los comicios de ese año ya no había margen para conseguir una aprobación de una parte de ese Congreso.
La disputa por los sobornos
El control sobre el PP, anotado en el primer mes del verano del dos mil dos, y después sobre el gobierno, radicaba en 3 actores: el general Otto Pérez Molina, exjefe del Estado Mayor Presidencial y firmante de los Pactos de Paz, que impulsó la creación del partido con miras de lograr la presidencia. La segunda fuerza era Roxana Baldetti, exsubsecretaria de Relaciones Públicas de la Presidencia y después miembro del Congreso de los Diputados por el PP, quien controlaba los hilos administrativos del partido y dirigió una buena parte de las campañas electorales del dos mil siete y dos mil once.
El otro vértice de este triángulo era Alejandro Sinibaldi Aparicio, empresario guatemalteco con inversiones en los campos de la publicidad, turismo, agricultura y ganadería, entre otros muchos.
El reparto de un treinta y cinco por ciento del soborno de Odebrecht para estas 3 figuras, conforme la confesión de Sinibaldi, no puede comprenderse sin el rol que cada uno de ellos tenía en la estructura de poder del PP en el Ejecutivo y en el Legislativo.
Una fuente que es parte integrante de la elite política de Guatemala, y que tiene un extenso conocimiento sobre los conjuntos de poder en el país, señala que estas 3 figuras formaban una suerte de triunvirato: “La jefatura la tenía el general Pérez Molina, la estructura del partido la controlaba Baldetti y Sinibaldi tenía muchos de los primordiales contactos con el campo privado y la estructura metropolitana del partido”, afirma la fuente reservada.
Sinibaldi aun apuntaba a transformarse en el relevo de Pérez Molina y fue proclamado como precandidato presidencial en el mes de septiembre de dos mil catorce, mas sus aspiraciones cayeron al lado de las demandas de corrupción contra el presidente y la vicepresidenta que provocaron sus renuncias en dos mil quince. Su salida del partido, en verdad, fue anunciada en una rueda de prensa en sus oficinas particulares, en la “Casa Verde”, citada como un punto de encuentro para negociaciones y pago de sobornos.
La “Casa Verde” está ubicada en la 6ta Avenida y cinco calle de la zona diez de Urbe de Guatemala y hoy día está en proceso de extinción de dominio. En este circuito amurallado Sinibaldi efectuaba ciertas de sus primordiales asambleas de negocios y tratos políticos, asimismo se festejaron en ese inmueble fiestas a las que asistían los primordiales líderes del partido.
En el Congreso de Guatemala, los hilos del poder eran movidos por Sinibaldi y Baldetti. El cruce de intereses, no obstante, provocó fuertes diferencias que se resolvieron con un acuerdo en la distribución del soborno, conforme apunta el exministro. Desde el principio del gobierno del PP, en dos mil doce, fue claro que Sinibaldi y Baldetti entraban en franco enfrentamiento por el control del partido, conforme especifican dos fuentes de la agrupación en las dos facciones. Investigaciones efectuadas por la CICIG y el MP en casos de corrupción ligados a ese gobierno asimismo patentizan que entre las disputas estaba el control por el cobro de sobornos.
En su declaración, Sinibaldi apunta que desde el principio hubo una disputa por el cobro de los pagos de Odebrecht. La entonces vicepresidenta, conforme el exministro, procuró desplazarlo en esta labor y designó al empresario Arturo Batres Gil como intercesor frente a la constructora. Este punto asimismo es mentado por el directivo Lima Machado.
Conforme Sinibaldi, el directivo brasileiro le contó que “Roxana lo estaba presionando para llegar a un pacto económico con ella a fin de que le adjudicase el tramo carretero a Odebrecht y que lo amenazaba con que si no lo hacía, se lo adjudicaría a un conjunto constructor dominicano”.
Baldetti “me presentó a Arturo Batres. Semanas después me llamó Arturo Batres para decirme que no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino más bien hacerlo a través de la Vicepresidencia de la República”, testimonió Lima Machado.
Al final, conforme lo contado por el propio Sinibaldi, tras muchas tensiones se dio una distribución de las labores. El ministro, sus viceministros y operadores políticos en el Congreso se ocuparon de parte de la bancada del PP y de los pagos a los bloques de UNE y CREO, con ayuda de otros mediadores, y de los bloques de Gana, el partido Todos y otros bloques menores. Estas tareas de “gestión” frente a los miembros del Congreso arrancaron en el mes de agosto de dos mil doce y prosiguieron hasta exactamente el mismo día de la votación del proyecto, el jueves once de octubre.
Baldetti, por medio del empresario Batres, se habría encargado del resto de la bancada del PP.
A lo largo de la legislatura dos mil doce-dos mil dieciseis, conforme apunta el testimonio de Sinibaldi, como otras investigaciones abiertas por la FECI con apoyo de la CICIG, en el Legislativo se efectuaba el pago de sobresueldos de Q50 mil en efectivo cada un par de meses a los miembros del Congreso del partido para sostener su fidelidad y lograr sus votos. Esto quedó mostrado en el caso llamado Subordinación de Poderes (llamado asimismo Ley Tigo), que descubrió el pago de sobornos para la aprobación de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones a favor de la compañía telefónica.
No obstante, la aprobación de proyectos de obra pública singulares como el contrato de Odebrecht requería un pago auxiliar, refiere Sinibaldi. Por lo que el ofrecimiento que efectuó, a través de sus viceministros Rubén Mejía y Guillermo Insípida, fue el pago de Q125 mil ya antes de la aprobación y Q125 mil tras exactamente la misma.
En palabras de Sinibaldi: “ya existía un primer ofrecimiento del Gobierno de la UNE hacía los miembros del Congreso de los Diputados del Congreso por un importe de Q250 mil por voto y que si ese ofrecimiento se sostenía los votos de las bancadas estarían asegurados. Siendo dicho monto esencialmente no discutible, y que sería pagado así: Q125 mil de antemano y Q125 mil tras las respectiva votación para la aprobación”.
La Constructora Norberto Odebrecht establecía sin embargo las próximas condiciones: el pago de los sobornos se efectuaría en el extranjero, a través de cuentas de su Departamento de Operaciones Estructuradas, no debería manejarse efectivo y los desembolsos se iban a generar conforme el ministerio va a pagar la obra.
Sinibaldi, un colaborador
En 2022, la continuación de la investigación del caso Odebrecht ha recaído en José Rafael Curruchiche Cucul, designado por la fiscal general Consuelo Porras en agosto de 2021. El fiscal Curruchiche procede de la fiscalía de Delitos Electorales, la cual comenzó a dirigir en el mes de junio de dos mil diecinueve, luego de que el responsable de esta, Oscar Schaad, abandonase el país por amenazas de muerte. Curruchiche acepta la dirección de la FECI luego de que el exfiscal, Juan Francisco Sandoval, denunciara en público la intervención de Porras para impedir el avance de investigaciones de corrupción contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Curruchiche aseguró a la Redacción Regional que la investigación por el caso Odebrecht sigue y no descarta imputar un nuevo caso de corrupción al expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, solicitar el retiro del antejuicio contra los dieciseis miembros del Congreso de los Diputados al Congreso que aprobaron la suscripción de los créditos por US dólares americanos 399.4 millones y la asignación de la obra a la Constructora Odebrecht. O atribuir a otros empresarios guatemaltecos mencionados en la declaración de Sinibaldi como implicados en la gestión de sobornos.
A la data, sin embargo, no ha efectuado ninguna de estas acciones.
“Cuando tomamos el caso la investigación estaba avanzada un quince por ciento, faltaba el restante 85 por ciento”, dijo Curruchiche. El fiscal aseguró que, hasta la data, veintiuno de junio de dos mil veintidos, no había suscrito un acuerdo de colaborador eficaz con Alejandro Sinibaldi, ya que considera que esta figura no se puede aplicar al exfuncionario “porque es el jefe de una estructura y siguiendo los criterios de la instrucción general cinco-2012 del MP (sobre la aplicación de las ventajas por cooperación eficaz) no se puede acoger a esta figura”.
Curruchiche también cita el artículo 92 Bis de la Ley Contra la Criminalidad Organizada que señala que “no van a poder entregar los beneficios de Criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento, a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales”.
El exjefe de la FECI, quien consiguió la entrega de Sinibaldi y autorizó que se tomara la declaración del exministro no está conforme. Sandoval apunta que la fiscal Porras se oponía a que se le brindara la categoría de “colaborador eficaz” al político empleando los mismos argumentos que arguye ahora Curruchiche.
Según Sandoval, la ley penal guatemalteca no prohíbe que un cabecilla sea “colaborador eficaz” si no que solo dispone que no se puede beneficiar de “la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes (…) o la libertad condicional o la libertad controlada” como establece la citada ley.
Entre la FECI de Sandoval y la FECI de Curruchiche y Porras asimismo radica otra diferencia: el caso con apoyo de la confesión de Sinibaldi apunta contra Otto Pérez Molina. El caso actual, sin embargo, acepta que se desmantelen pruebas que apuntan hacia una estructura presuntamente liderada por el expresidente. En su testimonio, Sinibaldi dice: “Es esencial mencionar que desde el principio fui claro y enfático en comunicar que sin el apoyo decidido del Presidente era prácticamente imposible lograr los dictámenes de las distintas instituciones (para la aprobación de los préstamos)”.
Esta Fiscalía, además, se suma a la narrativa en la que la FECI de Sandoval negoció pactos con directivos de Odebrecht para, presuntamente, exonerar a la empresa de sus responsabilidades. El sistema de justicia de Guatemala actual, con demandas de cooptación, también se ha plegado a ese alegato. De fondo, una prueba que apunta hacia Pérez Molina y Baldetti fue desmontada el viernes 24 de junio, cuando la Sala Segunda de Apelaciones decidió cancelar los 3 pactos de colaboración eficaz subscritos por el caso Odebrecht, entre ellos el del directivo Lima Machado. El presente jefe de la FECI publicó ese día un video-comunicado respaldando esta decisión y dijo: “los acuerdos estaban infestados de ilegalidades, pues evidenció seis vicios”.
Según el fiscal estos “vicios” incluyen las acciones del exfiscal Sandoval, la ex jueza Ericka Aifán, el letrado defensor de los directivos, a los propios empresarios y una supuesta “falsedad ideológica” en la documentación utilizada para los acuerdos.
Al día después de este mensaje de Curruchiche, el veintisiete de junio, el equipo de abogados defensores de Sinibaldi publicó un comunicado en donde el exministro niega formar parte de un plan para cancelar los acuerdos de colaboración eficaz con los directivos brasileiros que lo apuntan. No obstante, Sinibaldi parece no rememorar su propio testimonio, detallado en este reportaje.
Conforme Curruchiche, el exministro ha brindado más testimonios desde su llegada a la FECI, y cuentan con por lo menos 25 asambleas de trabajo en las que realizó declaraciones.
El fiscal aseguró que el exministro “ha ampliado” sus testimonios previos, mas que no los ha contradicho. También aseguró que el relato de los hechos alrededor del caso de corrupción de Odebrecht brindados ahora por Sinibaldi involucran a la ex fiscal general, Thelma Aldana, aunque no deseó indicar que elementos tienen para mantener esta aseveración ya que el caso se encuentra bajo reserva.
Consultada por Redacción Regional, la ex jefe del MP aseguró que desconoce cualquier denuncia en contra suya por este caso. “Le puedo asegurar que mi trabajo lo hice de conformidad con la ley y que he sido criminalizada”, indicó.
Durante la elaboración de este documental también se consultó con el defensor de Sinibaldi, el abogado Paolo Montes, quien arguyó que no pueden pronunciarse sobre el testimonio de su defendido porque el caso Odebrecht se encuentra bajo reserva.
